«Los pobres en América Latina son siempre los mismos. Tenemos sociedades muy estratificadas con muy poca movilidad social. De hecho, podríamos eliminar toda la pobreza y seguir teniendo fuerte desigualdad. Para atacar la desigualdad se necesita un mayor acceso al poder, la educación, la salud»
Marta Lagos
La pobreza y la desigualdad como fenómenos sociales, son de vieja data en América Latina y el Caribe, delineando la vida de millones de ciudadanos, en especial, los que habitan en nuestras ciudades. Si bien se ha avanzado en la expansión de programas y redes de protección social, las grandes ciudades presentan situaciones de extrema desigualdad en la provisión de infraestructura, servicios urbanos y sociales, en la que se convive en áreas residenciales formales con asentamientos habitacionales informales, desprovistos de condiciones de vida aceptables.
De acuerdo con José Félix Tezanos, la exclusión social está dando lugar a un modelo de doble ciudadanía, en el que se perfila diferenciadamente la posición, por un lado, de quienes están integrados en la sociedad y tienen vivienda, relaciones familiares y sociales estables y gratificantes y que cuentan con ingresos regulares y/o trabajo estable que permite tener un nivel de vida digno. Y, por otra parte, están todos aquellos que son “prescindibles”, que no tienen un trabajo digno, seguro, bien remunerado y deben “aceptar” lo que encuentran, aceptando los sueldos que les dan y las condiciones precarias o inestables que les ofrecen, pasando largos periodos sin empleo.
Como fenómeno de exclusión social, la pobreza ha estado ampliamente vinculada con el estado de salud de las personas, ya que los bajos ingresos económicos, viviendas deplorables e inseguridad alimentaria, afectan la salud de los individuos y comunidades. A nivel individual, la exclusión social está relacionada con la falta de acceso a servicios de salud, la baja condición social y problemas de salud propios de una débil alimentación. Si agregamos el estrés que ocasiona vivir bajo estas condiciones y afrontar las carencias y condiciones de trabajo en nuestras ciudades, nos encontramos con un problema que se invisibiliza ante muchos por la dinámica social propia de las grandes urbes. Los efectos negativos de esta condición, pueden impactar psicológicamente en la forma como se asocia y trabaja el ciudadano en bien de la comunidad a la cual pertenece. Particularmente, los ciudadanos que sufren exclusión social, suelen sentirse al margen de la sociedad, colmados de impotencia y en una situación de inferioridad, con baja autoestima, depresión y baja motivación al logro que los coloca en situación de riesgo social.
De acuerdo con el Banco Mundial (BM), en 1950 había 69 millones de personas viviendo en ciudades de América Latina y el Caribe, y para el 2025 se espera que lleguen a 575 millones, desplazándose el centro de gravedad económica hacia las ciudades, con al menos dos tercios del PBI de la región basado en los servicios y la industria en las áreas urbanas. A pesar de esta realidad, los beneficios de la urbanización y edificación de viviendas, no se ha distribuido por igual, debido a las desigualdades que marcan los intentos de desarrollo de la región. Asociado a esta radiografía, otros riesgos de la fragilidad urbana se reflejan en las débiles instituciones que deben proveer seguridad, justicia, empleo, salud y vivienda a quienes en especial por su condición, merecen la oportunidad de ser considerados parte de la sociedad.
La educación, más que cualquier otro recurso de origen humano, es el gran igualador de las condiciones del hombre, el volante de la maquinaria social.
Desde poco más de cuatro décadas, América Latina y el Caribe, viven una explosión metropolitana acelerada, polarizada y excluyente, que experimenta un proceso de urbanización, sin considerar aspectos que son mas importante que las edificaciones como lo son sus ciudadanos. Según Jorge Macías, director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad, en el foro ¿Ciudad Excluyente? Señaló que la Nueva Constitución de la ciudad de México, ofrece a los ciudadanos la oportunidad de mejorar el sistema de planeación y debe de asegurar y orientar, los esfuerzos urbanos del nuevo gobierno de la ciudad hacia un reparto más equitativo de las oportunidades, ya que la ciudad de México, se ha convertido en una de las ciudades más excluyentes de América Latina por falta de vivienda, desigualdad y altos costos.
La tarea de brindar oportunidades para lograr sociedades inclusivas apenas comienza. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alrededor de mil millones de habitantes viven en asentamientos irregulares y solo en América Latina, una de cada 3 familias habita en una vivienda inadecuada. Para ello, la vivienda debe ser un elemento clave para construir ciudades más sostenibles e incluyentes, ya que contar con un espacio personal adecuado es la base del crecimiento.
Por otra parte, diseñar políticas que impacten en los nudos críticos que mantienen las altas tasas de desigualdad en la región, ayudaría a mermar los índices de exclusión social en nuestras ciudades, proporcionando la oportunidad de empleo, salud y educación a millones de ciudadanos, bajo la premisa de que todos somos y debemos ser considerados por igual, sin contrastes que desdibujan la verdadera esencia de nuestra sociedad.